Política pública para la clase media

Susana Jiménez

El mal desempeño de la economía durante los últimos cuatro años ha relevado la importancia del crecimiento en las propuestas presidenciales. Ello es comprensible, pues el frenazo económico ha repercutido en los hogares -con menores oportunidades de empleo, alzas más modestas de salarios y una mayor estrechez financiera- y en las arcas fiscales.

El impulso económico que mostró Chile entre 1990 y 2015 tuvo, en cambio, resultados impresionantes. De acuerdo a la clasificación utilizada por el Banco Mundial (definida en función del ingreso absoluto), no solo se redujeron las personas en condición de pobreza (de 34,8% a 2,5%) y vulnerabilidad (de 38,9 a 25,9%), sino que emergió un importante grupo socioeconómico que hoy representa cerca del 65% de la sociedad chilena: la clase media.

Según esta clasificación, la clase media incluye a hogares con ingreso por persona entre US$ 10 y US$ 50 diarios, ambos medidos en dólares constantes en paridad de poder de compra del año 2005. Es un grupo que, en la medida que alcanza mayores niveles de ingreso, tiende a escoger la provisión privada de servicios públicos -que los diferencia de quienes se encuentran en condición más desmejorada- tal como se observa en su preferencia por la educación escolar particular subvencionada sobre la municipal o la elección de seguros de salud privados.

Por su parte, la brecha respecto de la población de altos ingresos está fuertemente condicionada por las diferencias de escolaridad y estudios superiores del jefe de hogar y el acceso a empleo formal. A ello se suma que la distribución de ingresos dentro de este grupo está altamente concentrada en niveles más cercanos al umbral inferior de ingresos de la clase media, dando cuenta que el riesgo de retroceder en la calidad de vida alcanzada frente a alguna contingencia es relativamente alta.

Estos avances socioeconómicos conllevan nuevos desafíos para la política pública. Los principales esfuerzos deben seguir orientados hacia los pobres y vulnerables (que aún representan casi el 30% de la población), pues son ellos los que más necesitan del apoyo estatal. Por esto se debe perseverar en una política social focalizada que, sin afectar los incentivos al trabajo y el ahorro, entregue las herramientas para que puedan salir adelante. Para ello, lo principal será la educación de calidad y la generación de más y mejores empleos.

Pero habiendo cambiado tan significativamente el perfil socioeconómico del país, hoy es posible ir un poco más allá, sin abandonar los principios de focalización y de provisión (más no necesariamente producción) de servicios por parte del Estado. En efecto, para un importante segmento de la población, lo que se necesita no son promesas de derechos universales -que no reconocen los méritos y esfuerzos personales y suelen no ser financiables- sino un sistema de protección con seguros que permita mitigar los temores que surgen frente a situaciones imprevistas y que pueden significar un abrupto retroceso en la calidad de vida de esos hogares.

Un buen ejemplo de ello son las enfermedades catastróficas que no solo destruyen emocionalmente a las familias sino además les causan profundos estragos financieros. Así, un seguro para enfermedades catastróficas que complemente el actual sistema de protección de Fonasa sería mucho más efectivo que el existente (que aplica solo a un listado predefinido de enfermedades) tanto para ampliar las posibilidades de atención oportuna como para otorgar certidumbre en el costo final para el paciente y su familia. Si bien los planes de Isapre cuentan con este tipo de instrumentos (CAEC), son poco conocidos, por lo que éstos también deben fortalecerse de modo de entregar seguridad a las familias sin importar el seguro escogido.

Esta es solo una parte del programa Red Clase Media Protegida que impulsa la candidatura del expresidente Piñera, que se extiende además al ámbito educacional, laboral, previsional y de seguridad ciudadana. Es una propuesta innovadora que se adapta a la nueva realidad socioeconómica del país, respetando los principios básicos de un Estado subsidiario y fiscalmente responsable.